Meridiano CERI (revista del Centro Español de Relaciones Internacionales), febrero 1998, numero 19, pp. 20-24.

 

El Sahara Occidental: la deuda pendiente de la comunidad internacional

 

JUAN SOROETA LICERAS

Profesor Titular de Escuela Universitaria de Derecho Internacional Público. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

El presente trabajo pretende llamar la atención del lector sobre el crucial momento por el que atraviesa el proceso de libre determinación del Sahara Occidental, y sobre la necesidad de que se déla mayor difusión posible al mismo para garantizar la limpieza del referéndum.

Cuando en junio de 1990, con base en los acuerdos previos de 30 de agosto de 1988, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba el Plan de Paz para el Sahara Occidental - Resolución 658 (1990) -, con la pretensión de desbloquear e impulsar de forma definitiva la situación por la que atravesaba el territorio del Sahara Occidental desde la conclusión de los acuerdos tripartitos de Madrid y de su consiguiente ocupación por Marruecos (noviembre de 1975), todo parecía indicar que, efectivamente, el proceso se encontraba en vías de solución.

El hecho de que el Plan contara con el beneplácito del Gobierno marroquí y del Frente POLISARIO, así como con el visto bueno de la Organización de las Naciones Unidas - que había reconocido a este último como representante legítimo del pueblo del Sahara Occidental (noviembre 1979) - y de la Organización para la Unidad Africana - que había admitido en su seno como miembro de pleno derecho a la República Arabe Saharaui Democrática (febrero 1982) -, junto al establecimiento de la MINURSO -Resolución 690 (1991) del Consejo de Seguridad- hizo concebir grandes esperanzas: según todos los indicios, las Naciones Unidas habían decidido retomar con decisión una cuestión en la que habían invertido grandes dosis de energía desde la entrada de España en la Organización, pero que habían abandonado tras la retirada de este Estado del Territorio. Sin embargo, a nadie se le escapaban las dificultades que entrañaba la reactivación de un proceso de libre determinación tras más de veinte años desde que la ola descolonizadora que modificó radicalmente el mapa del continente africano había llegado prácticamente a su fin, y de ocupación ilegal del territorio por Marruecos, principal potencia de la región.

Aunque las principales cuestiones relativas al censo habían sido definidas con claridad en el Plan de Paz, fue éste precisamente el muro contra el que chocó el proceso, haciendo que el más leve optimismo se desvaneciera como un espejismo más en el desierto. De conformidad con el acuerdo, tendrían derecho a participar en el referéndum "todos los saharauis que estén inscritos en el censo realizado en 1974 por las autoridades españolas", censo que se vería incrementado con el crecimiento real de la población saharaui en el período comprendido entre 1974 y la fecha de organización del referÈndum, y con la vuelta de los refugiados saharauis residentes fuera del Territorio. De esta forma, el censo de 1974 debía ser la base del censo electoral para el referÈndum.

Sin embargo, el proceso de identificación que, aunque muy lentamente, avanzaba desde la puesta en marcha de la MINURSO, se vio bruscamente paralizado, cuando la pretensión marroquí de incluir 170.000 nuevos votantes fue sorprendentemente atendida por el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, JAVIER PEREZ DE CUELLAR. En el último informe que realizó en tal condición (diciembre 1991), tras enfatizar la problemática derivada del carácter nómada de la sociedad saharaui y de su estructura tribal, se refirió a los movimientos migratorios producidos tanto como consecuencia de los conflictos que tuvieron lugar en el Territorio con anterioridad a la retirada de España, como por razones naturales o económicas (sequías, búsqueda de trabajo, etc.) para, con base en ello, justificar la necesidad de modificar los criterios establecidos en el Plan de Paz.

Así, frente al criterio único establecido en Plan de Paz ("el derecho de voto dependerá de que el nombre de una persona figure en la lista del censo de 1974, o de que el interesado pueda convencer a la Comisión de Identificación de que es natural del Sahara Occidental pero su nombre no se incluyó en el censo de 1974"), el Secretario General decidió incorporar otros cuatro: a partir de entonces, tendrían derecho a ser incluidos en el censo del referÈndum las personas que vivían en el Territorio como miembros de una tribu saharaui cuando se realizó el censo de 1974 y que no pudieron ser inscritas en Èl, los miembros de la familia inmediata (padre, madre e hijos) de estas personas, los hijos de padres saharauis nacidos en el Territorio y que no se encontraban en el mismo en el momento de la realización del censo, y, finalmente, aquellos miembros de una tribu saharaui que pertenezca al Territorio que hayan residido en el mismo por un período consecutivo de seis años o intermitente de doce, con anterioridad al 1 de diciembre de 1974. Aunque otras cuestiones importantes, relacionadas con los medios válidos de prueba (principalmente respecto de la prueba oral), pusieron también de manifiesto la inminente paralización del proceso, por lo encontrado de las posturas de las dos partes, el punto de inflexión se produjo a la hora de determinar cuándo se entendía que ese ígrupo familiar o subfracción de una tribu estaba "implantado en el Territorio ". Así, Marruecos consideraba que el hecho de que un solo representante de una tribu figurara en el censo español de 1974 debía dar derecho a participar en el referéndum a la totalidad de los miembros de dicha tribu, mientras que el Frente POLISARIO mantenía que sólo cabría aceptar como asentado al grupo familiar cuya mayoría de miembros estuvieran inscritos en el censo de 1974.

A partir de este informe de PEREZ DE CUELLAR el proceso entró en un callejón en el que no se ha vislumbrado salida alguna hasta fechas bien recientes. Por primera vez en el largo proceso de descolonización, una resolución del Consejo de Seguridad ñla Resolución 725 (1991)- "aprueba las gestiones del SG" y "acoge complacido el informe del SG", no aprobándolo expresamente, utilizando una fórmula de cortesía diplomática para destacar las dificultades a que se hubo de hacer frente a la hora de aprobar la resolución, dado que no se contaba ni con el acuerdo entre las partes

-premisa hasta entonces inexcusable en el Plan de Paz- ni con el visto bueno de la OUA, que no veía con buenos ojos un Plan que pudiera seguir adelante sin el consentimiento de una de las partes. En el momento de la aprobación de la resolución por el Consejo de Seguridad se puso de relieve la enorme tensión existente entre algunos de sus miembros. Así, frente a la postura complaciente de Francia, que veía con muy buenos ojos tal cambio de actitud, otros radicalmente contrarios al mismo (especialmente los Estados Unidos de América, y algunos Estados africanos, como Zimbabwe) presionaron a Francia para que retirara su apoyo a PEREZ DE CUELLAR y diese al nuevo Secretario General la oportunidad de reconsiderar esta actitud.

Aunque la salida de PEREZ DE CUELLAR de la Secretaría General fue una buena noticia para el Frente POLISARIO, su sustitución por BOUTROS GALI fue recibida con desconfianza por esta organización, dado que éste había venido ocupando el cargo de Secretario de Estado para Asuntos Exteriores de Egipto, y mantenía unas excelentes relaciones con el rey HASSAN II. Estas sospechas se habrían de confirmar en diferentes ocasiones a lo largo del mandato del nuevo Secretario General, tal y como veremos a continuación.

Con el fin de desbloquear el proceso, el Frente POLISARIO decidió aceptar (junio de 1993), aunque con reservas, los criterios para el registro de votantes establecidos por PEREZ DE CUELLAR, propiciando de esta forma una mejora en el clima existente, y favoreciendo una serie de encuentros entre representantes del Frente POLISARIO y del Gobierno de Marruecos. Pese a ello, el informe de BOUTROS GALI de marzo de 1994 propone tres opciones diferentes al Consejo sobre la forma de concluir el proceso de descolonización saharaui:

- Opción A: posibilidad de que se celebre el referéndum, independientemente de la cooperación de las partes.

- Opción B: posibilidad de continuar los trabajos de la Comisión de Identificación, pero estableciendo una fecha (30 de junio de 1994) en la que el Consejo tomaría una decisión sobre la forma de concluir el proceso.

- Opción C: El Consejo pondría fin de forma progresiva a la operación de la MINURSO, manteniendo una presencia militar reducida en el Territorio con el objetivo de "estimular el respeto del cese del fuego".

Por primera vez BOUTROS GALI sugiere la retirada de la MINURSO, ya que señala que la "opción A" supone el costo más elevado entre las tres posibles, frente a la más rentable "opción C". En contra de este planteamiento, la resolución 907 (1994) del Consejo decidió proseguir los esfuerzos negociadores con las partes, continuando con el proceso de identificación, inclinándose de esta forma por la "Opción B".

La ruidosa salida de BOUTROS GALI de la Secretaría General fue acompañada de un postrer informe al Consejo de Seguridad en el que daba un paso más en su política tendente al desmantelamiento de la MINURSO, que fue aprobado por la Resolución 1056 (1996) del Consejo, al decidir suspender el proceso de identificación "hasta que las dos partes den pruebas concretas y convincentes de que están resueltas a retomar y finalizar el proceso", y reducir en un 20% los efectivos de la unidad militar, lo que supone un primer paso hacia tal desmantelamiento.

Las sospechas del Frente POLISARIO respecto a la conducta de BOUTROS GALI, manifestadas públicamente tras presentar éste un informe al Consejo de Seguridad (noviembre de 1995) en el que proponía la modificación de los criterios de identificación y que fue rechazado con rotundidad por esta organización (el informe en cuestión sería finalmente rechazado por el Consejo de Seguridad, en lo que cabe considerar un hecho sin precedentes en la historia de este órgano), se vieron confirmadas cuando, pocos meses después de abandonar la Secretaría de la ONU (noviembre 1997), BOUTROS GALI fue nombrado Secretario General de la Francofonía (cargo con rango de Jefe de Estado), de la que, como es bien sabido, Marruecos es miembro destacado.

Aunque ni los más optimistas lo esperaban, la llegada de KOFI ANNAN a la Secretaría General consiguió despertar a la Organización de su preocupante y progresivo letargo. La primera muestra del cambio de rumbo que iba a experimentar el proceso no tardaría en llegar ya que, en su primer informe al Consejo (febrero 1997), planteaba ya tres importantes cuestiones en relación con la viabilidad del proceso:

"a) ¿es posible llevar a buen fin el plan de arreglo en su forma actual?;

b) en caso contrario, øcaben arreglos aceptables para las dos partes que pudieran hacer ejecutable dicho plan?;

c) ¿existen otros medios por los cuales la comunidad internacional podría ayudar a las partes a resolver el conflicto que les enfrenta?".

Aunque el hecho de que el Secretario General se planteara estas tres importantes cuestiones al poco tiempo de su toma de posesión es suficientemente elocuente sobre el carácter prioritario que atribuye a la resolución del conflicto saharaui, y su redacción parece apuntar o incluso adelantar que las Naciones Unidas van a verse nuevamente obligadas a recurrir a "Grupos de contacto", similares a los que tuvieron una intervención definitiva en conflictos paralelos, tales como el namibio, el palestino o incluso el yugoslavo, en su segundo informe al Consejo (mayo 1997) va a dejar bien claro que no se trata de un interés puramente coyuntural, al crear un nuevo cargo que, junto a su Representante Especial, ERIK JENSEN, tendrá un peso específico en el proceso. Se trata del Enviado Especial del Secretario General para el Sahara Occidental, nombramiento que recayó, no por casualidad, en la persona del ex-Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, JAMES BAKER -el hombre que negociara el fin de la guerra fría, organizara la coalición contra Irak tras la invasión de Kuwait, y sentara a palestinos e israelíes en la mesa de negociaciones- al objeto de que "evaluara la viabilidad del Plan, examinara medios de aumentar las posibilidades de reanudar su aplicación en un próximo futuro y, de no haberlos, me aconsejara sobre otras posibles maneras de impulsar el proceso de paz".

De esta forma, el proceso, que había recibido un importante impulso en el nuevo contexto geopolítico mundial surgido tras la caída del muro de Berlín (1988), recibió un nuevo balón de oxígeno como consecuencia, principalmente, del cambio de actitud de los Estados Unidos de AmÈrica respecto de Africa: el interÈs creciente de este país por un continente tradicionalmente francófilo, y su política de progresiva expansión en Èste, cuyos efectos no son difíciles de apreciar en el Zaire de KABILA, la Uganda de MUSEVENI, o en los países vecinos de Angola, República Democrática de Congo o Ruanda, le han llevado a implicarse activamente en los acontecimientos que se desarrollan en el Magreb. Ello se ha visto favorecido igualmente por el interÈs de la Unión Europea en la estabilidad del Norte africano, situado en una zona clave para la seguridad de Europa, sacudido por una terrible guerra en Argelia, y que arrastra las secuelas del conflicto enquistado del Sahara Occidental.

Tal y como la práctica internacional muestra con elocuencia, el hecho de que los Estados Unidos decidan tomar parte en un conflicto de estas características es señal inequívoca de que Èste se encuentra en el buen camino hacia su solución: fue este Estado quien propulsó la independencia de Namibia, aunque sus verdaderos intereses se centraban en Angola, por lo que condicionaron la independencia a la previa retirada de las fuerzas cubanas de este Estado; fue este Estado quien promovió el proceso de paz en Palestina, con los acuerdos de Oslo y Washington, cuando se trataba de un conflicto en el que no se habían producido avances significativos en varias décadas; asimismo fue este mismo Estado quien, después de una cruenta guerra de más de dos años en los territorios de la ex-Yugoslavia, ídecidióî que Èsta debía llegar a su fin, obligando literalmente a las partes a concluir los acuerdos de Dayton.

El hecho de que los cargos de confianza de mayor relevancia designados por KOFI ANNAN en el conflicto saharaui hayan sido ocupados precisamente por reconocidas personalidades de la política exterior de los Estados Unidos (JAMES BAKER, Enviado Especial del Secretario General, CHARLES F. DUNBAR, su nuevo Representante Especial desde el 15 de enero de 1998, o JOHN R. BOLTON, al frente de la MINURSO) nos obliga a ser optimistas sobre el desenlace del proceso. En este mismo sentido, no está de más recordar unas recientes declaraciones del propio BOUTROS GALI (diciembre 1997) en las que afirmaba que JAMES BAKER, en su condición de írepresentante de una gran potencia, tiene muchas más posibilidades de tener éxito en sus funciones de mediador en el conflictoî. En cualquier caso, parece claro el empeño de KOFI ANNAN en resolver el "dilema shakespeariano" que supone el hecho de que, por una parte, la ONU no puede permanecer indefinidamente en el Territorio sin un objetivo claro, y por otra, tampoco puede abandonarlo proclamando su fracaso después de haber realizado un esfuerzo tan largo como costoso por la libre determinación del Territorio, poniendo en juego, de esta forma, una vez más, la credibilidad de la Organización.

Por otra parte, los datos más recientes sobre la confección del censo electoral parecen avalar esta hipótesis: hasta diciembre de 1995, de un total de 234.000 solicitantes, habían sido convocados 77.000, de los que 60.000 fueron identificados como saharauis. Los acuerdos de Houston (julio de 1997) permitieron desbloquear el proceso de identificación, al aceptar Marruecos íno patrocinar directa ni indirectamente ni presentar para su identificaciónî a aproximadamente 40.000 de los solicitantes que habían sido propuestos por este Estado, por no cumplir ninguno de los cinco criterios establecidos. En la actualidad, son aproximadamente 100.000 los solicitantes cuya identidad debe ser determinada en los diferentes centros de identificación, por lo que, de mantenerse el ritmo establecido a partir de diciembre de 1997, es previsible que se puedan cumplir los plazos establecidos para la celebración del referéndum, y que tal como prevéel Plan de Paz, en mayo pueda darse por concluida la decisiva fase de identificación.

Sin embargo, sería una ingenuidad creer que Marruecos vaya a aceptar de forma pacífica un resultado negativo en el referéndum. El hecho de que la marroquinidad del Sahara Occidental haya sido la bandera utilizada por el rey HASSAN II para aglutinar en un mismo frente a monarquía, gobierno y oposición, la inclusión de los territorios ocupados en las elecciones y reformas políticas de Marruecos, y la falta de acuerdos ñal menos públicos- sobre importantes aspectos relacionados con la situación en que quedará el Territorio tras la celebración del referÈndum (tales como la forma en que se procederá a la retirada del ejército marroquí en caso de que se imponga la opción independentista, el futuro de los colonos marroquíes, etc.), son cuestiones que plantean serias dudas sobre la actitud de este Estado ante la eventualidad de una derrota en las urnas. Precisamente por esta razón, Èste es el momento en que las voces de la comunidad internacional deben hacerse oír con más fuerza que nunca para evitar que Marruecos, a pesar de los compromisos adquiridos, pueda echar marcha atrás en el proceso. Probablemente nos encontremos ante la última oportunidad de que se cumpla la legalidad internacional, y de que el pueblo del Sahara Occidental pueda ejercer válidamente el derecho a la libre determinación, derecho que le ha sido reconocido de forma reiterada por la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, y el propio Tribunal Internacional de Justicia. Sólo la presión internacional puede conseguir que la iniciativa de KOFI ANNAN se convierta en el más sonoro éxito de la ONU en este final de milenio.


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