los días 11 y 12 de marzo de 2005
En unos momentos de agravamiento de la represión a la población saharaui en los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental, que en los últimos días ha causado numerosos heridos y detenciones, la IX Conferencia de los Intergrupos parlamentarios "Paz y Libertad en el Sáhara" acuerda por UNANIMIDAD la siguiente:
En 1975, en el Sahara Occidental, un pueblo, que fue en otros tiempos parte de España, fue engañado y vendido de forma ignominiosa por el último Gobierno de la dictadura, que lo arrojó a las garras de un régimen arcaico, expansionista, que más allá de sus proclamaciones de tinte propagandístico, desmentidas por los hechos, no es ni puede ser todavía un sujeto activo para la paz y los ideales democráticos.
El Sahara Occidental y el sufrimiento de su pueblo, que con tanta dignidad, entereza y responsabilidad resiste una ocupación militar de consecuencias más que trágicas por la masiva violación de los derechos humanos ahí perpetrada, no nos son indiferentes.
Esta ocupación marroquí del Sahara Occidental fue acompañada de graves violaciones de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales. Las tropas de ocupación marroquíes que en 1975 violaron completamente el derecho humanitario internacional, tal como estaba estipulado por la Convención de Ginebra, bombardeando con Napalm y fósforo blanco a civiles saharauis, destruyendo su posibilidad de supervivencia en el desierto al envenenar los puntos de agua y matando sus rebaños de camellos, son las mismas fuerzas armadas que siguen oprimiendo en la más completa impunidad, a pesar del alto el fuego y de la supervisión de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara occidental (MINURSO);
La población saharaui que no pudo huir se encuentra bloqueada dentro de los territorios ocupados al oeste de un muro fortificado construido por el ejército marroquí y que, sembrado de millones de minas anti-personales divide el país totalmente de norte a sur y separa familias enteras.
Este muro de vergüenza ha causado y sigue causando enormes pérdidas humanas y materiales.
Millones de personas han accedido a la independencia desde que fue adoptada la Declaración sobre la Obtención de Independencia de los países y pueblos colonizados, en 1960, que junto con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituye la base del papel y la responsabilidad que incumbe a todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos España, en materia de democratización y de realización del principio de autodeterminación.
Según las Naciones Unidas, el Sahara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y, por ello, sigue incluido en la lista de territorios no autónomos, aprobado por la Asamblea General. Marruecos, a pesar de la ocupación de facto no tiene estatus de potencia administradora tal y como ratificó el Departamento de Asuntos Jurídicos en su informe s/2002/161 de 29 de enero de 2002.
Los diferentes gobiernos de la democracia española, lejos de hacer frente a sus responsabilidades en esta cuestión, han preferido dejar en manos de la Comunidad Internacional las propuestas de resolución del conflicto, cuando no han alentado la ocupación ilegal del territorio mediante la venta de armas y la firma de tratados y convenios preferenciales con Marruecos en materia tanto económica como política. Por el contrario, las ayudas económicas y políticas al único representante legítimo reconocido del Pueblo Saharaui, el Frente POLISARIO no llegan a superar el límite de lo vergonzoso.
Las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, llevan años intentando obtener la cooperación de Marruecos para la celebración de un referéndum de autodeterminación que permita al pueblo saharaui decidir libremente su futuro.
Es la vía elaborada por la ONU para poner fin de manera civilizada y pacífica a una tragedia, que nos afecta a nosotros como ciudadanos, a nuestro país y a las credenciales democráticas de nuestros gobiernos.
La continua oposición de Marruecos a la acción de Naciones Unidas, unida a su incapacidad para imponer sus Resoluciones en el Sahara Occidental, ha sido reiteradamente corroborada y no data de hoy.
Primero fue en 1975, cuando humilló a nuestro país a través de la puesta en marcha de una estrategia de presión que no tiene nombre, que desembocaría en la firma de los tristemente célebres acuerdos de Madrid, condenados por el conjunto de los partidos de oposición democrática y la opinión pública.
Después, los esfuerzos y decisiones de la OUA sobre la cuestión del Sahara Occidental, que reconoce y defiende la independencia saharaui y de su país, la RASD, fueron despreciados por Marruecos.
En 1990-91 el Plan de arreglo, aceptado por las dos partes en el conflicto y aprobado por el Consejo de Seguridad fue claramente obstruido por Marruecos.
Más tarde, las propuestas formalizadas por James Baker que condujeron en septiembre de 1997 a los Acuerdos de Houston fueron también obstruidas por dicho país.
Igualmente, la aplicación del último Plan de Paz propuesto por Baker está siendo burlado por el Gobierno marroquí, a pesar de haber sido dicho Plan respaldado por el Consejo de Seguridad en su resolución 1495(2003) adoptada bajo la presidencia española del Consejo.
Mientras tanto, diversas organizaciones de derechos humanos independientes, como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, incluso el Colegio de Abogados de Estado Español, han tenido que concluir que los nuevos gobernantes marroquíes siguen ignorando los derechos humanos en el Sahara Occidental y en el mismo Marruecos.
Varios centenares de saharauis desaparecieron tras su detención por las fuerzas marroquíes en los territorios ocupados, un territorio cuyo acceso está virtualmente vetado a los organismos humanitarios y a la prensa independiente, tal y como muchos de nosotros pudimos comprobar de forma directa.
A pesar de las esperanzas que despertó la llegada al trono de Mohamed VI, desde la entronización del nuevo rey, centenares de saharauis siguen detenidos tras haber sido arbitrariamente detenidos y torturados, y muchos de los cuales sobreviven a duras penas aún en las siniestras cárceles marroquíes.
Otros centenares de personas han sido violentamente reprimidas por haber participado en manifestaciones pacíficas. En los territorios ocupados, las acciones de la sociedad civil no son toleradas y los defensores de los Derechos Humanos sufren intimidaciones y amenazas de represalias contra ellos y contra los miembros de sus familias.
Aún hoy, ser saharaui bajo la ocupación marroquí significa vivir con el temor de las detenciones arbitrarias, de la tortura, del apresamiento sin proceso judicial, de los juicios injustos, de las desapariciones y de las ejecuciones sumarias, todo ello sin mencionar las discriminaciones en los lugares de trabajo y el constante saqueo de los recursos naturales del Sahara Occidental por el reino de Marruecos.
El asunto del Sahara Occidental es un problema de descolonización inscrito, desde hace más de cuatro decenios, en el orden del día de la cuarta Comisión de la Asamblea General, y por consiguiente sometida a Derecho en el ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia.
El señor James Baker, cuya dimisión en cuanto Enviado Personal del Secretario General de la ONU lamentamos profundamente, ha encontrado toda la disponibilidad y el compromiso del Frente Polisario para ayudarle en sus meritorios esfuerzos para la llegada de una paz justa y definitiva tras el conflicto que la agresión y la ocupación colonial marroquí ha impuesto en nuestra región desde hace casi treinta años.
Es Marruecos quien, tras haberlo aceptado, bloqueó la aplicación del Plan de Arreglo de 1991 ; sigue siendo Marruecos quien, tras haberlos firmado, impidió que se realizaran los Acuerdos de Houston ; y es Marruecos una vez más el que se niega hoy a suscribir el Plan Baker titulado "Plan de Paz para la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental", adoptado por unanimidad por el Consejo de Seguridad en sus resoluciones 1495 y 1541.
Los datos del problemas están claros y las responsabilidades del bloqueo bien establecidas.
Al mismo tiempo, expresamos nuestra preocupación por la postura confusa del actual Gobierno Español respecto a la búsqueda de una solución pacifica y definitiva de un conflicto que ha durado demasiado y ha causado enormes sufrimientos al Pueblo Saharaui e inestabilidad en la región.
Creemos que España, por las responsabilidades que tiene hacia el Pueblo Saharaui, debe mantener una posición valiente y honorable, al menos igual a la que la tomó Portugal hacia su antigua colonia, Timor Oriental, la cual, gracias entre otras cosas, al apoyo diplomático, político y humanitario de Portugal, logró la independencia en 1999.
Marruecos no sólo ha incumplido los compromisos asumidos en virtud del Plan de Arreglo que había aceptado durante muchos años, sino también las responsabilidades que se derivan de su calidad de miembro de las Naciones Unidas.
Por lo tanto y, ante todo lo anterior,
PEDIMOS al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que asuma la responsabilidad histórica de España con el pueblo saharaui, defienda su derecho de autodeterminación y le devuelva al Estado Español la legalidad internacional perdida desde 1975.
También le pedimos que intensifique las acciones realizadas hasta ahora con este objetivo, tanto a nivel diplomático como a nivel de ayuda humanitaria y que ejerza un liderazgo activo en la búsqueda de una solución justa y respetuosa con los derechos del pueblo saharaui.
PEDIMOS y EXIGIMOS por dignidad hacía el pueblo saharaui y las personas que lo componen, que el Consejo de Seguridad, juntamente con la Comunidad Internacional y liderado por el Gobierno del Estado Español, tome decisiones más efectivas y diligentes para que este pueblo extraordinariamente inmenso en sus valores, en su cultura y en su historia decida libre y democráticamente su propio futuro con la celebración del referéndum de autodeterminación.
DEMANDAMOS la apertura del territorio ocupado ilegalmente por Marruecos, a la libre circulación de los juristas y observadores internacionales, los medios de comunicación, organizaciones internacionales y ONGs, así como a detener el saqueo de todos los recursos naturales y patrimoniales que constituyen la riqueza saharaui.
REQUERIMOS el cese inmediato de la violación de los derechos humanos en la zona ocupada y la inmediata liberación de los presos de conciencia, la suspensión de los juicios inicuos, las detenciones arbitrarias, la tortura, la discriminación que se ejerce sistemáticamente sobre los ciudadanos saharauis y el esclarecimiento del destino de los saharauis desaparecidos.
SOLICITAMOS que, ante la dramática situación actual, se amplíe la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo, institucional, estatal, autonómica, local y europea a los 200.000 refugiados saharauis que sufren y malviven en Tindouf, Argelia y en los territorios liberados del Sáhara Occidental.
RECLAMAMOS al Gobierno de Francia que deje de interferir en el conflicto del Sahara Occidental y adopte la misma doctrina que la pregonada respecto a la ocupación de Irak. Francia, cuna de las revoluciones y de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, no puede seguir negando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia.
DENUNCIAMOS la permanencia del muro defensivo de 2.500 kms., construido por Marruecos en el Sáhara Occidental, que supone una anexión de facto de la mayor parte del territorio y dificulta aún más la evolución jurídica, política y humana del Sáhara como cuestión de descolonización. Este "muro del apartheid", sembrado de millones de minas antipersonales y defendido por más de 125.000 militares marroquíes, viene humillando desde hace dos décadas al pueblo saharaui, atenta contra la población de las zonas ocupadas y de los campamentos de refugiados; ha roto sus familias y es la expresión física del régimen marroquí, que impide movimientos vitales para la mayoría de los saharauis y convierte al Sáhara en un gueto. Si Marruecos concibió el muro como defensivo, debiera haberlo erigido en su tierra, no en el Sáhara Occidental.
Finalmente, de esta Resolución, aprobada por UNANIMIDAD de todos los grupos políticos participantes en esta Conferencia, se dará traslado a todas las Instituciones del estado español así como al:
En Palma de Mallorca, a 11 de marzo de 2005.
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